Hoy me han publicado un artículo de opinión en Diario La Rioja, lo comparto con vosotros:
El Estado Autonómico: un éxito inacabado
Durante el proceso constituyente que culminó con la aprobación de la Carta Magna vigente desde 1979, el escollo del modelo territorial del Estado surgió tal como ha ocurrido cíclicamente en nuestra historia. Las dos experiencias republicanas democráticas, en especial la última, fracasaron en gran parte por la incapacidad de alcanzar compromisos en esta materia. Conscientes de este legado, los partidos hicieron un esfuerzo de compromiso para dar la posibilidad de crear un Estado de las Autonomías a través del título VIII de la Constitución.
Nuestro modelo territorial se caracteriza por ser dispositivo, por lo que la autonomía no era obligatoria para ningún territorio. Podrían tranquilamente existir algunas autonomías y el resto de los territorios depender directamente de Madrid. Sin embargo, una vez los territorios que habían tenido autonomía durante la II República (Cataluña, País Vasco y, en menor medida, Galicia) restauraron sus instituciones de auto-gobierno, otros territorios siguieron su mismo camino. Nuestra comunidad, al son de “La Rioja existe pero no es…” aprobó su propio Estatuto de Autonomía en 1982.
Así quedó constituido en España un sistema territorial cuasi-federal con 17 Comunidades Autónomas. Este nuevo modelo tenía muchas ventajas sobre el centralismo opresor del franquismo. La primera era que acercaba la administración al ciudadano: en vez de esperar que la administración central actuara, los órganos autonómicos podrían reaccionar más rápido y ajustados a la realidad política regional, que es más cercana. Una segunda ventaja es que las Autonomías servirían como contrapeso de poderes, con equilibrios entre el nivel central y el autonómico y entre las propias comunidades. Algo, sin duda positivo para afianzar la democracia; que el poder controle al poder. Y por último, los diferentes territorios ya podían hablar en pie de igualdad frente al dirigismo de la capital. Eso, unido a la solidaridad inter-territorial, ayudó a una importante reducción de las diferencias entre regiones durante los últimos 25 años que el franquismo exacerbó.
Sin embargo, el modelo territorial heredado de la Transición también se caracteriza por estar abierto e inacabado. Estos quizás sean los principales retos a afrontar. Está abierto porque es siempre cambiante en los niveles de competencias pero también está inacabado porque adolece de manera crónica de una coordinación apropiada entre niveles de gobierno. En cualquier caso, esté más o menos descentralizado en competencias, el Estado de las Autonomías seguirá teniendo vaivenes hasta que no nos decidamos a impulsar la corresponsabilidad entre niveles de gobierno.
Los Gobiernos Autonómicos como los Ayuntamientos, son también Estado y así se refleja en nuestra Constitución. Es absolutamente irresponsable exigir al Gobierno de España medidas sobre cuestiones en las que las autonomías tienen competencia. Por otro lado, es mezquino echar la culpa al Gobierno de España cuando las cosas están mal y sacar pecho cuando las cosas van bien. Algunos Presidentes autonómicos parecen no haber entendido nada de nuestro sistema autonómico, tienen competencias para ejercerlas y disponemos de un auto-gobierno para corresponsabilizarnos de las dificultades cuando las hay y responder a los problemas ciudadanos sin tirar balones fuera.
Un cambio clave pasa por impulsar la reforma del Senado en un sentido similar a la Conferencia de Presidentes, es decir, con representantes de las autonomías. Comisiones bilaterales y multilaterales en las que se lleguen a acuerdos en competencias comunes. Es lógico que haya desacuerdos entre Autonomías sobre diferentes materias, porque la política es conflicto y también son diferentes los partidos que gobiernan. Sin embargo, lo que hay que hacer es ofrecer los foros para que se encauce dentro de las instituciones. Esa política es la responsable, y la que aún queda por hacer. Es la viga maestra que falta para apuntalar el incontestable éxito del Estado de las Autonomías.
Durante el proceso constituyente que culminó con la aprobación de la Carta Magna vigente desde 1979, el escollo del modelo territorial del Estado surgió tal como ha ocurrido cíclicamente en nuestra historia. Las dos experiencias republicanas democráticas, en especial la última, fracasaron en gran parte por la incapacidad de alcanzar compromisos en esta materia. Conscientes de este legado, los partidos hicieron un esfuerzo de compromiso para dar la posibilidad de crear un Estado de las Autonomías a través del título VIII de la Constitución.
Nuestro modelo territorial se caracteriza por ser dispositivo, por lo que la autonomía no era obligatoria para ningún territorio. Podrían tranquilamente existir algunas autonomías y el resto de los territorios depender directamente de Madrid. Sin embargo, una vez los territorios que habían tenido autonomía durante la II República (Cataluña, País Vasco y, en menor medida, Galicia) restauraron sus instituciones de auto-gobierno, otros territorios siguieron su mismo camino. Nuestra comunidad, al son de “La Rioja existe pero no es…” aprobó su propio Estatuto de Autonomía en 1982.
Así quedó constituido en España un sistema territorial cuasi-federal con 17 Comunidades Autónomas. Este nuevo modelo tenía muchas ventajas sobre el centralismo opresor del franquismo. La primera era que acercaba la administración al ciudadano: en vez de esperar que la administración central actuara, los órganos autonómicos podrían reaccionar más rápido y ajustados a la realidad política regional, que es más cercana. Una segunda ventaja es que las Autonomías servirían como contrapeso de poderes, con equilibrios entre el nivel central y el autonómico y entre las propias comunidades. Algo, sin duda positivo para afianzar la democracia; que el poder controle al poder. Y por último, los diferentes territorios ya podían hablar en pie de igualdad frente al dirigismo de la capital. Eso, unido a la solidaridad inter-territorial, ayudó a una importante reducción de las diferencias entre regiones durante los últimos 25 años que el franquismo exacerbó.
Sin embargo, el modelo territorial heredado de la Transición también se caracteriza por estar abierto e inacabado. Estos quizás sean los principales retos a afrontar. Está abierto porque es siempre cambiante en los niveles de competencias pero también está inacabado porque adolece de manera crónica de una coordinación apropiada entre niveles de gobierno. En cualquier caso, esté más o menos descentralizado en competencias, el Estado de las Autonomías seguirá teniendo vaivenes hasta que no nos decidamos a impulsar la corresponsabilidad entre niveles de gobierno.
Los Gobiernos Autonómicos como los Ayuntamientos, son también Estado y así se refleja en nuestra Constitución. Es absolutamente irresponsable exigir al Gobierno de España medidas sobre cuestiones en las que las autonomías tienen competencia. Por otro lado, es mezquino echar la culpa al Gobierno de España cuando las cosas están mal y sacar pecho cuando las cosas van bien. Algunos Presidentes autonómicos parecen no haber entendido nada de nuestro sistema autonómico, tienen competencias para ejercerlas y disponemos de un auto-gobierno para corresponsabilizarnos de las dificultades cuando las hay y responder a los problemas ciudadanos sin tirar balones fuera.
Un cambio clave pasa por impulsar la reforma del Senado en un sentido similar a la Conferencia de Presidentes, es decir, con representantes de las autonomías. Comisiones bilaterales y multilaterales en las que se lleguen a acuerdos en competencias comunes. Es lógico que haya desacuerdos entre Autonomías sobre diferentes materias, porque la política es conflicto y también son diferentes los partidos que gobiernan. Sin embargo, lo que hay que hacer es ofrecer los foros para que se encauce dentro de las instituciones. Esa política es la responsable, y la que aún queda por hacer. Es la viga maestra que falta para apuntalar el incontestable éxito del Estado de las Autonomías.
