En nuestra historia reciente el socialismo español ha sido una de las principales fuerzas de modernización de nuestro país. Esta realidad incontestable se ha debido a la fortuita unión de eventualidades históricas y voluntad política. Por un lado, por el rol crucial que le tocó vivir al PSOE durante la Transición a la democracia, la descomposición de la UCD y la primera alternancia política. Pero por otro lado, la firme voluntad de una generación joven de políticos encabezados por Felipe González desvinculados del régimen anterior y que tenían verdadera vocación de transformación económica, política y social.
Durante los primeros años de gobiernos socialistas, la derecha tuvo grandes dificultades para plantear una alternativa. La Alianza Popular de Manuel Fraga, hoy reconvertida en Partido Popular, era extremadamente conservadora y optó por una oposición frontal de descrédito del PSOE y con apelaciones a un catastrofismo que no era creído ni por sus propios electores. Se pasó a criticar invariablemente el “rodillo” parlamentario, como si partido en el gobierno no tuviera el derecho a traducir en leyes un programa electoral votado por más de 10 millones de españoles. De hecho, la estrategia de la derecha consistió en el obstruccionismo, utilizando de manera abusiva el recurso previo de inconstitucionalidad. Esto sólo fue útil para retrasar muchas de las leyes que desarrollaban la constitución y reformas en curso.
Quizá lo más paradójico es que, pese a lo sonado de las críticas, el Partido Popular, ya en el gobierno de la nación, terminó por no derogar ninguna de las normas frente a las que presentaba continuos recursos. Y entre esas leyes hay algunas tan importantes como la Ley de Libertad Sindical, la modificación de la ley del Tribunal Constitucional, la despenalización parcial del aborto (vía Código Civil), la Ley del Divorcio y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Justamente, entre 1983 y 1984 hubo duras campañas de los sectores más ultra-reaccionarios en contra de estas dos últimas leyes, si bien ni siquiera la Iglesia Católica las respaldó oficialmente y AP-PP se sumó sólo por oportunismo político. En los duros procesos de re-ajuste económico y reconversión industrial, que tanto desgaste supuso para el gobierno, AP fue crítica pese a que era sabida su urgencia para impulsar el crecimiento futuro. El tiempo dio la razón al gobierno, cuando despegó el crecimiento de nuestro país la segunda mitad de los años ochenta.
Como el lector ya habrá notado, existen muchos paralelismos entre la situación de entonces y la que vivimos actualmente. El actual gobierno ha impulsado muchas leyes tanto de ampliación de derechos como reformas económicas de calado (muchas muy duras, sin duda, pero necesarias para crecer a medio plazo). Y mientras, el Partido Popular ha recurrido a su tradicional estrategia jaleado por los sectores más ultra-derechistas. Por una parte, negar cualquier apoyo al gobierno esperando que éste se desgaste y después capitalizar todas sus reformas arrogándose el mérito. ¿Alguien cree que el PP ampliará el gasto social? ¿Qué bajará la edad de jubilación? ¿O que revertirá alguna de las reformas económicas emprendidas?. Y por la otra, judicializar todas las leyes que no le gustan (Matrimonio homosexual, Aborto…) intentando hurtar en los Tribunales el justo derecho del PSOE a desarrollar su programa social.
Marx decía que la historia se repite dos veces, una vez como tragedia y otra como farsa. Sin embargo, ni el contexto económico ni los españoles podemos permitirnos una farsa. Dado que apelar a la responsabilidad del Partido Popular es como predicar en el desierto (porque no ve más allá de 2012) recae de nuevo en el PSOE la responsabilidad de pensar en el desarrollo futuro de nuestro país. Aun cuando tenga costes electorales. A los ciudadanos tocará valorarlo en consecuencia, y dado que pienso que los ciudadanos no tienen un pelo de tontos, puede que más de uno se lleve alguna sorpresa.
Artículo publicado en diario La Rioja, 18/01/2011
