La mejor manera de devaluar la democracia es demonizando a sus
representantes políticos. Reconociendo que la mal llamada “clase política”
contribuye en esta devaluación, aunque como en todo, paguen justos por
pecadores, no es menos cierto que una derecha inflada de poder absoluto ha
vuelto a las andadas. Saben que con la estrategia de “todos son iguales”
contribuyen al desalineamiento electoral, sobre todo entre los votantes de la
izquierda, que son mucho más críticos con sus representantes y por tanto, más
susceptibles de abstenerse como respuesta crítica a su desencanto con la
política en general.
La estrategia de Mariano Rajoy, de no comparecer en el Congreso de los
Diputados, no es casual. Es una herramienta más para devaluar la democracia:
hacer creer a los ciudadanos que sobran muchos políticos en las cortes. No seré
yo quien diga que no hay que hacer cambios estructurales, acondicionamiento de
salarios y privilegios, adelgazamiento de algunas instituciones, etc, pero lo
que no asumo es la demonización de los Ayuntamientos y el recorte de
concejales, que lo único que persigue es debilitar los servicios que se prestan
a los ciudadanos. ¿Alguien duda de que los ciudadanos se preguntan muchas más
veces por la utilidad del Senado, que por la necesidad de tener 5 o 6
concejales menos en su Ayuntamiento? Yo no lo dudo.
Eliminar el 30% de los concejales no ahorrará nada, puesto que el 95%
de los concejales no disponemos de un sueldo, lo que no evita que dediquemos el
tiempo que tenemos y el que no, en intentar mejorar nuestros pueblos y
ciudades. ¿Cuánto se ahorraría el Estado, las administraciones, reduciendo el
número de sus componentes? En los casos más optimistas la cifra apenas llegaría
al 1% del PIB. Eso sí, asesores, cargos de confianza, puestos de libre
designación, podrían suponer más ahorro que el ERE a políticos que pretende el
PP. ¿Qué hay en el fondo? Un plan muy bien pensado: eliminamos políticos pero
seguimos con una amnistía para colocar a amigos, familiares y conocidos en
puestos de libre designación que solo se publican en el ágil y entretenido
boletín oficial de turno. Privatizar servicios públicos para que las
contrataciones escapen del control parlamentario y no estén sujetas a concursos
y oposiciones públicas que garanticen la igualdad de oportunidades de todos los
ciudadanos. Esto es lo que está pasando, esto es lo importante.
La mayoría absoluta del PP, que les ha provisto de una cantidad
ingente de Alcaldes, concejales, diputados provinciales, diputados nacionales y
senadores, hace que el recorte de políticos afecte a los partidos con menos
representación que ellos, con lo que la imprescindible tarea democrática de
fiscalizar al gobierno, es decir, de hacer oposición, se verá mermada, y con
ello, la propia democracia también. Una estrategia que forma parte del ideario
del Partido Popular en su empeño por debilitar lo público y adelgazar la
transparencia democrática. No pueden hacerlo. No lo explicaron en su programa
electoral.
Toda esta situación me preocupa mucho. Me asusta que calen mensajes
populistas que lejos de cuantificarse y reflexionarse, son solo eso, mensajes
que quedan muy bien ante la opinión pública pero que esconden los cambios
reales que necesita nuestro país y sus instituciones para que sean más
efectivas y eficientes. Es evidente que el descrédito de los políticos, y de la
política en general, ha llegado a tal punto que se convierte en el tercer
problema para los españoles, pero los ciudadanos tienen que saber que dar la
espalda a la política implica cargarnos la solución, que inevitablemente pasa
por ella. Debemos decirle al Gobierno que ante el riesgo de una intervención
total, la política no puede ser cómplice de los mercados. Que lo someta a
referéndum. Los ciudadanos tenemos derecho a elegir nuestro futuro y el de las
generaciones venideras. Eso es lo que está en riesgo, y no si en Arnedo pasamos
de 17 a 13 concejales.
Para llegar a esta situación hemos contribuido todos, en mayor medida
los representantes políticos, pero eliminar sistemáticamente, y porque sí,
herramientas que nos proporcionan más democracia y más libertad, buscan otros
objetivos muy distintos a acabar con la crisis. Les molesta la libertad
crítica, la independencia de los medios de comunicación públicos, la
organización de ciudadanos libres para reivindicar derechos, la tarea de
oposición en las cortes. El PP supo poner la primera piedra de la crisis, pero
no sabe cómo salir de ella. Nunca lo supo. Por tanto esta estrategia de
adelgazar la democracia, eliminar políticos e instituciones y demonizar a
partidos y sindicatos, solo responde a un principio ideológico que supondrá el
embrión de una crisis mucho peor que la económica - financiera: la crisis
democrática y de derechos que garanticen la libertad de los ciudadanos.
(Artículo publicado en diario La Rioja, jueves 2 de agosto 2012)
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