Javier García

02 agosto, 2012

La crisis enmascarada


La mejor manera de devaluar la democracia es demonizando a sus representantes políticos. Reconociendo que la mal llamada “clase política” contribuye en esta devaluación, aunque como en todo, paguen justos por pecadores, no es menos cierto que una derecha inflada de poder absoluto ha vuelto a las andadas. Saben que con la estrategia de “todos son iguales” contribuyen al desalineamiento electoral, sobre todo entre los votantes de la izquierda, que son mucho más críticos con sus representantes y por tanto, más susceptibles de abstenerse como respuesta crítica a su desencanto con la política en general.

La estrategia de Mariano Rajoy, de no comparecer en el Congreso de los Diputados, no es casual. Es una herramienta más para devaluar la democracia: hacer creer a los ciudadanos que sobran muchos políticos en las cortes. No seré yo quien diga que no hay que hacer cambios estructurales, acondicionamiento de salarios y privilegios, adelgazamiento de algunas instituciones, etc, pero lo que no asumo es la demonización de los Ayuntamientos y el recorte de concejales, que lo único que persigue es debilitar los servicios que se prestan a los ciudadanos. ¿Alguien duda de que los ciudadanos se preguntan muchas más veces por la utilidad del Senado, que por la necesidad de tener 5 o 6 concejales menos en su Ayuntamiento? Yo no lo dudo.

Eliminar el 30% de los concejales no ahorrará nada, puesto que el 95% de los concejales no disponemos de un sueldo, lo que no evita que dediquemos el tiempo que tenemos y el que no, en intentar mejorar nuestros pueblos y ciudades. ¿Cuánto se ahorraría el Estado, las administraciones, reduciendo el número de sus componentes? En los casos más optimistas la cifra apenas llegaría al 1% del PIB. Eso sí, asesores, cargos de confianza, puestos de libre designación, podrían suponer más ahorro que el ERE a políticos que pretende el PP. ¿Qué hay en el fondo? Un plan muy bien pensado: eliminamos políticos pero seguimos con una amnistía para colocar a amigos, familiares y conocidos en puestos de libre designación que solo se publican en el ágil y entretenido boletín oficial de turno. Privatizar servicios públicos para que las contrataciones escapen del control parlamentario y no estén sujetas a concursos y oposiciones públicas que garanticen la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos. Esto es lo que está pasando, esto es lo importante.

La mayoría absoluta del PP, que les ha provisto de una cantidad ingente de Alcaldes, concejales, diputados provinciales, diputados nacionales y senadores, hace que el recorte de políticos afecte a los partidos con menos representación que ellos, con lo que la imprescindible tarea democrática de fiscalizar al gobierno, es decir, de hacer oposición, se verá mermada, y con ello, la propia democracia también. Una estrategia que forma parte del ideario del Partido Popular en su empeño por debilitar lo público y adelgazar la transparencia democrática. No pueden hacerlo. No lo explicaron en su programa electoral.

Toda esta situación me preocupa mucho. Me asusta que calen mensajes populistas que lejos de cuantificarse y reflexionarse, son solo eso, mensajes que quedan muy bien ante la opinión pública pero que esconden los cambios reales que necesita nuestro país y sus instituciones para que sean más efectivas y eficientes. Es evidente que el descrédito de los políticos, y de la política en general, ha llegado a tal punto que se convierte en el tercer problema para los españoles, pero los ciudadanos tienen que saber que dar la espalda a la política implica cargarnos la solución, que inevitablemente pasa por ella. Debemos decirle al Gobierno que ante el riesgo de una intervención total, la política no puede ser cómplice de los mercados. Que lo someta a referéndum. Los ciudadanos tenemos derecho a elegir nuestro futuro y el de las generaciones venideras. Eso es lo que está en riesgo, y no si en Arnedo pasamos de 17 a 13 concejales.

Para llegar a esta situación hemos contribuido todos, en mayor medida los representantes políticos, pero eliminar sistemáticamente, y porque sí, herramientas que nos proporcionan más democracia y más libertad, buscan otros objetivos muy distintos a acabar con la crisis. Les molesta la libertad crítica, la independencia de los medios de comunicación públicos, la organización de ciudadanos libres para reivindicar derechos, la tarea de oposición en las cortes. El PP supo poner la primera piedra de la crisis, pero no sabe cómo salir de ella. Nunca lo supo. Por tanto esta estrategia de adelgazar la democracia, eliminar políticos e instituciones y demonizar a partidos y sindicatos, solo responde a un principio ideológico que supondrá el embrión de una crisis mucho peor que la económica - financiera: la crisis democrática y de derechos que garanticen la libertad de los ciudadanos.

(Artículo publicado en diario La Rioja, jueves 2 de agosto 2012)

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