Últimamente se habla mucho, no sin
acierto en algunos casos, del derroche de dinero público que se ha venido
produciendo en las últimas décadas. Sin embargo, no podemos permitir que la
necesaria racionalización del gasto público se confunda con la anulación de
toda inversión pública ni que se identifique esta con los dispendios del
pasado. Una cosa son las obras faraónicas realizadas para mayor gloria de
determinados alcaldes –como ejemplo particularmente flagrante acude a mi mente el
aeropuerto de Castellón– y otra muy distinta es la inversión en
infraestructuras que contribuyen al desarrollo, la distribución de la riqueza y
el bienestar social de España como pueden ser las carreteras, el AVE, los
centros de salud o las escuelas.
Estamos de acuerdo en que el dinero
público es de todos por definición y, precisamente en honor a eso, debería
gastarse si cabe con mayor cuidado, precisión y prudencia. Porque la inversión
de las administraciones públicas posee la genuina capacidad de articular el
progreso de todos. ¿Acaso el AVE Madrid-Sevilla no ha tenido un impacto
económico importantísimo desde su inauguración en 1992? ¿Es que se nos ha
olvidado ya que gracias a la inversión pública en carreteras comunidades
autónomas tradicionalmente más aisladas como Galicia ahora están conectadas
como es debido al resto del país, con todas las consecuencias económicas y
sociales que eso implica? ¿Ya no recordamos los arnedanos la residencia de
ancianos, el parque de bomberos, el primer Instituto de enseñanza o el parque
del Cidacos? Son solo algunos de los infinitos casos que podrían nombrarse,
fruto de más de 30 años de inversiones públicas, que han elevado el nivel de vida
de los españoles y colaborado en la mejora de su calidad de vida.
No nos cabe duda, por lo tanto, que la
inversión pública puede y debe ser rentable. No obstante, debemos evitar
confundir la tasa de rentabilidad económica con la tasa de retorno social.
Efectivamente, no siempre van a coincidir ambas y eso no significa que la
inversión deba acabarse. Quizá si por un momento nos paráramos a pensar de
verdad en qué requisitos debe reunir una inversión pública, la prioridad de
esta y las necesidades que cubre, nos encontraríamos con que nos sobran unos
cuantos aeropuertos y nos faltan hospitales y centros de dependencia y
guarderías donde emplear a los miles de profesionales sanitarios y educativos
en paro para que se ocupen de nuestros mayores, dependientes e infantes y, a su
vez, liberen a miles de españolas –generalmente son las mujeres las que se
sacrifican, digámoslo alto y claro– capaces de incorporarse y dinamizar el
mercado de trabajo.
La
realidad no es blanca o negra y demonizar ahora todo lo público solo nos
conduce a un peligroso proceso de privatización y orfandad no solo de los más
débiles, sino de la gran base que sustenta nuestro sistema económico, político
y social: las clases medias. Los últimos 30 años en Arnedo nos permiten
distinguir entre las inversiones desmedidas como la famosa “pérgola”, que nos
costó 120.000 euros a los arnedanos y que luego vimos desmontada y abandonada a
la intemperie en el almacén municipal o la remodelación de la calle Juan Carlos
I, que nos costó 1 millón de euros con algunos tramos deficientes en el
adoquinado incluidos, y las obras y servicios cuya rentabilidad social ha
resultado impagable como el Instituto Celso Díaz, el parque del Cidacos, la
residencia de ancianos, el teatro Cervantes o la rotonda de Sevillas.
Con
los servicios públicos ocurre lo mismo, mientras para el PP la rentabilidad
económica es prioritaria en la prestación de servicios municipales, para
nosotros es mucho más importante la rentabilidad social de los mismos. Los
ciudadanos de Arnedo pagamos cada año más impuestos, con subidas muy
importantes, por ejemplo, en el IBI. Estos impuestos han de ser revertidos en
forma de servicios públicos de calidad y con precios ajustados para favorecer
la igualdad de oportunidades. Con la pretensión del PP de que los gastos sean
igual que los ingresos en los servicios públicos como los deportes, el bus
urbano u otros, el Ayuntamiento de Arnedo tendría que dejar de prestar,
prácticamente, el cien por cien de los servicios que actualmente presta en
materia cultural, social, formativa, de recogida de basura, de limpieza viaria,
etc.
Los
Socialistas pedimos coherencia al equipo de Gobierno municipal. No se entiende
que haya que cerrar un servicio como el Bus Urbano porque es deficitario, pero
mantengamos una empresa pública como INAR, que en sus propios balances ya prevé
para este año, unas pérdidas de 154.000 euros sin prestar ningún servicio que
beneficie a los ciudadanos. Tampoco se entiende que dispongamos de una plaza de
toros de 6.000 localidades mientras nuestros niños acuden a dos aulas
prefabricadas en la Guardería Municipal. Prioridades, coherencia, eficacia y
responsabilidad en la gestión en los servicios públicos y en el manejo del
erario público. Eso es lo que exige la ciudadanía y lo que los Socialistas
aplicamos.
(Artículo publicado en diario La Rioja el 8 de abril de 2013)
