Sí a los servicios públicos

Últimamente se habla mucho, no sin acierto en algunos casos, del derroche de dinero público que se ha venido produciendo en las últimas décadas. Sin embargo, no podemos permitir que la necesaria racionalización del gasto público se confunda con la anulación de toda inversión pública ni que se identifique esta con los dispendios del pasado. Una cosa son las obras faraónicas realizadas para mayor gloria de determinados alcaldes –como ejemplo particularmente flagrante acude a mi mente el aeropuerto de Castellón– y otra muy distinta es la inversión en infraestructuras que contribuyen al desarrollo, la distribución de la riqueza y el bienestar social de España como pueden ser las carreteras, el AVE, los centros de salud o las escuelas.

Estamos de acuerdo en que el dinero público es de todos por definición y, precisamente en honor a eso, debería gastarse si cabe con mayor cuidado, precisión y prudencia. Porque la inversión de las administraciones públicas posee la genuina capacidad de articular el progreso de todos. ¿Acaso el AVE Madrid-Sevilla no ha tenido un impacto económico importantísimo desde su inauguración en 1992? ¿Es que se nos ha olvidado ya que gracias a la inversión pública en carreteras comunidades autónomas tradicionalmente más aisladas como Galicia ahora están conectadas como es debido al resto del país, con todas las consecuencias económicas y sociales que eso implica? ¿Ya no recordamos los arnedanos la residencia de ancianos, el parque de bomberos, el primer Instituto de enseñanza o el parque del Cidacos? Son solo algunos de los infinitos casos que podrían nombrarse, fruto de más de 30 años de inversiones públicas, que han elevado el nivel de vida de los españoles y colaborado en la mejora de su calidad de vida.

No nos cabe duda, por lo tanto, que la inversión pública puede y debe ser rentable. No obstante, debemos evitar confundir la tasa de rentabilidad económica con la tasa de retorno social. Efectivamente, no siempre van a coincidir ambas y eso no significa que la inversión deba acabarse. Quizá si por un momento nos paráramos a pensar de verdad en qué requisitos debe reunir una inversión pública, la prioridad de esta y las necesidades que cubre, nos encontraríamos con que nos sobran unos cuantos aeropuertos y nos faltan hospitales y centros de dependencia y guarderías donde emplear a los miles de profesionales sanitarios y educativos en paro para que se ocupen de nuestros mayores, dependientes e infantes y, a su vez, liberen a miles de españolas –generalmente son las mujeres las que se sacrifican, digámoslo alto y claro– capaces de incorporarse y dinamizar el mercado de trabajo.

La realidad no es blanca o negra y demonizar ahora todo lo público solo nos conduce a un peligroso proceso de privatización y orfandad no solo de los más débiles, sino de la gran base que sustenta nuestro sistema económico, político y social: las clases medias. Los últimos 30 años en Arnedo nos permiten distinguir entre las inversiones desmedidas como la famosa “pérgola”, que nos costó 120.000 euros a los arnedanos y que luego vimos desmontada y abandonada a la intemperie en el almacén municipal o la remodelación de la calle Juan Carlos I, que nos costó 1 millón de euros con algunos tramos deficientes en el adoquinado incluidos, y las obras y servicios cuya rentabilidad social ha resultado impagable como el Instituto Celso Díaz, el parque del Cidacos, la residencia de ancianos, el teatro Cervantes o la rotonda de Sevillas.

Con los servicios públicos ocurre lo mismo, mientras para el PP la rentabilidad económica es prioritaria en la prestación de servicios municipales, para nosotros es mucho más importante la rentabilidad social de los mismos. Los ciudadanos de Arnedo pagamos cada año más impuestos, con subidas muy importantes, por ejemplo, en el IBI. Estos impuestos han de ser revertidos en forma de servicios públicos de calidad y con precios ajustados para favorecer la igualdad de oportunidades. Con la pretensión del PP de que los gastos sean igual que los ingresos en los servicios públicos como los deportes, el bus urbano u otros, el Ayuntamiento de Arnedo tendría que dejar de prestar, prácticamente, el cien por cien de los servicios que actualmente presta en materia cultural, social, formativa, de recogida de basura, de limpieza viaria, etc.

Los Socialistas pedimos coherencia al equipo de Gobierno municipal. No se entiende que haya que cerrar un servicio como el Bus Urbano porque es deficitario, pero mantengamos una empresa pública como INAR, que en sus propios balances ya prevé para este año, unas pérdidas de 154.000 euros sin prestar ningún servicio que beneficie a los ciudadanos. Tampoco se entiende que dispongamos de una plaza de toros de 6.000 localidades mientras nuestros niños acuden a dos aulas prefabricadas en la Guardería Municipal. Prioridades, coherencia, eficacia y responsabilidad en la gestión en los servicios públicos y en el manejo del erario público. Eso es lo que exige la ciudadanía y lo que los Socialistas aplicamos.

(Artículo publicado en diario La Rioja el 8 de abril de 2013)